EMPRESA DEL RECUENTO EN VENEZUELA DENUNCIA MANIPULACIÓN DE UN MILLÓN DE VOTOS

Guillermo Ximenis|EFE

Londres

 La empresa a cargo del sistema de voto en la elección este domingo de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (CNE) denunció hoy que las autoridades venezolanas manipularon las cifras de participación en al menos un millón de votos.

Antonio Múgica, consejero delegado de Smartmatic, compañía que instaló unas 24.000 máquinas de voto electrónico en el país latinoamericano, afirmó en una rueda de prensa en Londres que las cifras oficiales divulgadas el lunes sobrestiman el número de ciudadanos que acudieron a las urnas.

"En base a nuestro robusto sistema, sabemos sin lugar a dudas que la participación en la reciente elección de la Asamblea Nacional Constituyente estaba manipulada", indicó Múgica, que defendió la necesidad de encargar una auditoría para conocer los datos reales.

Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, 8.089.320 personas -el 41,53 % del censo- participaron el domingo en una jornada de votación que estuvo marcada por las protestas y la muerte en disturbios de al menos diez personas.

"Calculamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos. Es importante subrayar que esto no hubiera ocurrido si los auditores de todos los partidos políticos hubieran estado presentes en las diversas etapas de la elección", dijo Mújica.

El responsable de Smartmatic, firma responsable de la plataforma tecnológica de votación en Venezuela desde 2004, explicó que en esta ocasión no había representantes de la oposición en el centro de recuento para poder asegurar que los datos divulgados eran correctos, lo que considera una "vulnerabilidad" del sistema.

La compañía esgrimió que esas garantías se han respetado en todos los comicios en el país hasta 2015, pero fueron ignoradas en la consulta del domingo, en la que se elegían a los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente con el mandato de escribir una nueva Constitución y reformar el Estado venezolano.

La denuncia pública de Smartmatic ha llevado al presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, a anunciar que esa Cámara, de mayoría opositora, solicitará a la Fiscalía venezolana una investigación sobre los resultados del domingo.

"No solo ha ocurrido un fraude: Es un delito que comienza por la propia cabeza del poder electoral", dijo Borges en el Palacio Federal Legislativo antes de iniciar la sesión parlamentaria de hoy.

El responsable de Smartmatic aseguró por su parte en Londres que la firma se limita a presentar "datos factuales" y "nunca ha tenido lazos con absolutamente ningún Gobierno en el mundo".

Al ser cuestionado por el motivo que le ha llevado a hacer pública su denuncia sin pedir antes explicaciones al Ejecutivo venezolano, el consejero delegado argumentó que las autoridades del país latinoamericano no habrían sido "comprensivas" con su postura.

Los partidos de la oposición venezolana rechazaron participar en la votación, que consideran fraudulenta, y han convocado numerosos actos de desobediencia civil contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado para mañana, jueves, una marcha contra la Asamblea Constituyente, que ve como un intento de "consolidar la dictadura" del chavismo gobernante.

Se espera que la manifestación coincida con la instalación el jueves de la Constituyente en el Palacio Federal Legislativo, según el calendario anunciado por medios estatales, que no ha sido confirmado por las autoridades.

El encarcelamiento durante la noche del lunes de los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López, que permanecían en arresto domiciliario, ha aumentado la tensión en el país y ha levantado críticas desde diversos gobiernos internacionales.

El Ejecutivo de Estados Unidos se mostró "profundamente preocupado" por la situación de ambos líderes políticos y se ha reservado la opción de imponer nuevas sanciones a Venezuela.

Para Washington, la decisión del Tribunal Supremo venezolano de enviar a prisión a los opositores evidencia el carácter "autoritario" del Gobierno de Maduro.

El Reino Unido acusó por su parte al presidente venezolano de actuar como "el dictador de un régimen maligno" y pidió a Caracas que respete los "derechos, las libertades y la democracia".

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, pidió la liberación de los "presos políticos" en Venezuela y dijo que Maduro ha "destruido la economía del país" y ha "erosionado los derechos humanos".